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Puerto de los Luksic en Antofagasta pide elevar barrera accionaria y caso va al TDLC

Concesionaria ATI busca elevar de 40% a 60% restricción a la integración vertical:
Esto, luego de que FCAB fuera calificado como usuario relevante del terminal. Estatal EPA concurrió al tribunal.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberá pronunciarse sobre la intención de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), de modificar una barrera accionaria. Actualmente, el concesionario del frente de atraque N° 2 es controlado en 65% por Saam (35%) y Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB, 30%) -ambas ligadas al grupo Luksic-, y busca cambiar la restricción vertical que les impediría a esos dos accionistas tener en conjunto sobre 40% de la firma.

Esto, luego de que un informe de 2014 del TDLC, a solicitud de la estatal Empresa Portuaria Antofagasta (EPA) y en el marco del establecimiento de condiciones para la licitación de otro frente de atraque (N°1), señaló que el FCAB -ligado a Antofagasta Plc- es un usuario relevante en relación con ese terminal portuario, figura que hasta entonces no tenía.

Esa mención cambió el panorama de ATI, ya que los usuarios relevantes -quienes por sí o en conjunto con relacionados actúen en el mercado de carga marítima- no podrían tener más del 40% de las acciones.

Ante esto, en julio de 2015, el puerto de los Luksic -donde Empresas Navieras del grupo Urenda tiene un 35%- solicitó a EPA que se pronuncie sobre el aumento del umbral de la restricción desde el 40% al 60%, mismo porcentaje que se estableció para la licitación del frente de atraque N° 1, proceso que aún no parte. EPA tomó cartas en el asunto y concurrió este mes al TDLC para solicitar alzar esa restricción. Para eso presentó informe de Butelmann Consultores, ligado a la ex ministra del TDLC Andrea Butelmann.

El estudio señala que Puerto de Antofagasta, único terminal público de la región, moviliza una proporción menor, cercano al 13% de la zona. Agrega que ATI no es dominante, pero está sometido a una regulación “especial que lo perjudica respecto de Puerto Angamos y le ha restado participación de mercado progresivamente”. El informe añade que “FCAB es usuario relevante de ATI, y que tanto FCAB como Saam son empresas relacionadas, que forman parte del mismo grupo empresarial y ambas tienen, en conjunto, un 65% de la propiedad de ATI, sería necesario elevar el umbral, al menos a dicho porcentaje, o bien, que se proceda a enajenar el exceso de participación a un tercero no sujeto a inhabilidad”.

El TDLC acogió la petición de EPA y ofició a la Fiscalía Nacional Económica, ministerios y diversos actores portuarios para que aporten antecedentes sobre el tema en un plazo de 20 días.
Fuente: El Mercurio/Marco Gutiérrez V.

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