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Dayton informa despido de 140 trabajadores que se suman a otras 50 desvinculaciones

La situación obedece a los problemas económicos de la compañía, que la llevaron a iniciar un proceso de reorganización de deudas. No se descarta que este número pueda aumentar

Dayton informa despido de 140 trabajadores que se suman a otras 50 desvinculaciones Ayer se efectuó una reunión para analizar la situación de estos trabajadores, la que fue encabezada por la seremi del Trabajo, Tarcila Piña.

Una complicada situación enfrenta la Compañía Minera Dayton de Andacollo, que el pasado mes de abril inició un proceso de reorganización de deudas (antigua ley de quiebras) por compromisos impagos con sus acreedores, que superan los 24 mil millones de pesos, situación que ha repercutido en el despido de un gran número de trabajadores.

Freddy Vargas, presidente del sindicato de trabajadores de la Minera Dayton, señala que a los 50 empleados que ya habían sido notificados de sus desvinculaciones, ahora se suman otros 140 que cesarían en sus funciones a fines de este mes. “Nos estamos enterando que hay más gente con carta de aviso, hay otro grupo de 140 personas que está con carta de aviso para el 30 de mayo, entonces, en estos momentos estamos viviendo mucha incertidumbre”, sostiene.

El dirigente señala, además, que la compañía mantiene diversos compromisos impagos, “hay tema de cotizaciones, hay ahorros voluntarios que tienen los trabajadores, hay ciertos beneficios que teníamos de acuerdo al contrato colectivo, que se vienen acarreando ya desde febrero y otros beneficios más que se nos adeudan a todos”.

La situación se agrava toda vez que el representante del sindicato señala que a la fecha las operaciones de mina se encuentran detenidas. “Paralizaron las operaciones de mina, gran parte de los despidos se basan en lo que son las operaciones de la mina que ya no está funcionando, también hay de otras áreas que ha afectado y del resto la empresa se está quedando con el mínimo de gente”, sostiene y agrega que “la compañía sigue, pero en un proceso de reorganización. Sin embargo, lo que es la operación mina no está funcionando, está completamente detenida”.
Ante este escenario, representantes del sindicato han estado trabajando con entidades como la Dirección del Trabajo, con la Seremía y otras entidades. “También hay una representante del veedor que se hizo cargo de la reorganización de la empresa, pero todo se lleva en conversación”.

No obstante, Vargas señala que ve muy difícil que se pueda dar pie atrás e indica que los despidos serían inminentes y no sólo eso, no descartan que pudiera haber otros más. “Lo más probable es que no sean reintegrados, por la situación que está pasando la empresa, no creo que en poco tiempo se les reincorpore, a largo plazo pueda que se vuelva a reintegrar a la gente que se está despidiendo, pero todo va a depender de cómo funcione el proceso de reorganización”, puntualiza.

A la fecha, complementa el dirigente, son cerca de 250 los trabajadores que serían parte de la compañía, “de un total de casi 400 personas que éramos, ha habido desvinculaciones durante el 2015 y este año debido a la reorganización. Vamos a ver a cuántos vamos a llegar, porque los despidos van a seguir, ya hay más gente de este turno que subió que puede recibir la carta de aviso”, enfatiza.

En cuanto a si la empresa ha planteado alguna solución, el presidente del sindicato dice que “eso va a depender del veedor, de la persona que está llevando la reorganización de la empresa. Es de esperar que se solucione y que podamos seguir trabajando, que es lo que toda la gente queremos, porque hay muchas personas que están perdiendo su fuente de trabajo”.
La situación de Dayton

A principios de abril, El Día informaba que la firma Inversiones Paz, uno de los proveedores de la minera, había presentado una demanda en el Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo solicitando la Liquidación Forzosa (Ley 20.720) de Dayton.

Jorge Villar, abogado que representa a Inversiones Paz, explicó en esa oportunidad que “esta deuda se refiere a facturas impagas que debieron ser canceladas durante los primeros meses del año pasado” y que ascenderían a poco más de 93 millones de pesos. En este sentido, el profesional recalcó que “son deudas sucesivas que no se han pagado durante mucho tiempo, cerca de 12 meses” y aseguró que no serían la única empresa proveedora con la cual la compañía minera mantiene deudas vigentes.

Pese a que en esa oportunidad Dayton aseguraba a través de un comunicado de prensa que “no es efectivo que le deba suma alguna de dinero a la mencionada empresa” e hizo un llamado a la calma, aclarando que se mantenía en producción y que se estaban realizando los esfuerzos por resolver los inconvenientes económicos que pudiera tener, a fines del mes de abril y debido también a la presión que les significó esta demanda por liquidación forzosa, se conoció que el Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo acogió la solicitud de la compañía minera para iniciar el proceso de reorganización de deudas.

En este contexto, la jueza titular de Andacollo, Carla Rigotti, con fecha 26 de abril, nombró como veedor a Patricio Jamarne Banduc, quien será el encargado de llevar adelante las negociaciones con los acreedores. La deuda total supera los 24 mil millones de pesos. Entre los acreedores, que ascienden a más de 500, se encuentran la Tesorería General de la República ($3.668 millones), Banco Security ($3.100 millones), LG Internacional ($2.020 millones), Komatsu Cummins ($1.885 millones), Conafe ($1.851 millones); Komatsu Chile ($1.281 millones). Además el informe incluye a 240 trabajadores.

A través de un comunicado de prensa, Minera Dayton informó que a la fecha los esfuerzos de la compañía están enfocados en cumplir todas las obligaciones. “Respecto del proceso de Reorganización Judicial al que se acogió, Compañía Minera Dayton (CMD) informa que está realizando todos los esfuerzos posibles para cumplir con sus obligaciones laborales, ambientales, regulatorias, comerciales y demás aplicables a su actividad. Dichos esfuerzos se enmarcan dentro de una normativa que es rigurosa, y en la cual se deben respetar los tiempos, las etapas y los procedimientos emanados de la Ley N° 20.720, la cual además designa a un veedor para lograr los acuerdos necesarios entre las partes involucradas”.

Asimismo, agrega que “considerando esta complejidad, y entendiendo que se requiere de la colaboración de todos los actores involucrados, CMD agradece a los distintos estamentos de la comunidad, trabajadores, colaboradores, empresas contratistas y acreedores por el apoyo explícito recibido, actitud que reconocemos y valoramos ya que es fundamental para lograr el objetivo de dar continuidad a la operación”.

De igual forma, confirma que “hoy las operaciones están acotadas a ciertas áreas de la faena, y que los ajustes de dotación obedecen a una realidad que lamentablemente no podemos eludir. Pese a ello, los esfuerzos están enfocados en cumplir todas las obligaciones con los trabajadores, y es por eso que fue la propia compañía la que se acogió a Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.
El proceso

Tal como se ha mencionado, en el caso de los trabajadores, la Seremía del Trabajo y la Dirección del Trabajo han estado reunidos con los representantes del sindicato. Uno de los encuentros se llevó a cabo ayer, en la cual estuvo presente Marcela Poblete, coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, quien explicó que “específicamente lo que ellos hacen es someterse a un procedimiento judicial que tiene esta Ley de Insolvencia y Reemprendimiento para lograr la reorganización”.

Este es un procedimiento, indica, donde la empresa no pierde la administración, “sigue funcionando más o menos de la misma forma que lo venía haciendo, la diferencia es que tienen protección financiera concursal, lo que significa que a la empresa no se le pueden ejecutar cobros de ninguna índole, incluidos los trabajadores, solamente por el periodo que dura la gestión de este acuerdo”.

Esto no significa que no paguen, aclara, pues “ellos deben pagar sus compromisos laborales, pero están protegidos por este tiempo para poder negociar con los bancos y con sus mayores acreedores sin una medida de presión que sea la ejecución de sus bienes”.
La administración que la empresa lleva de forma normal está siendo intervenida por el veedor. “El ya visitó la planta y está tomando conocimiento”, dijo.

Este proceso dura 30 días y termina el 6 de junio cuando se realizará la junta de acreedores que va a votar el acuerdo que ellos propongan, “pero podría este plazo prorrogarse por 30 días más e incluso por 60 días dependiendo del apoyo que le den los acreedores”, detalla Poblete.

La situación preocupa toda vez que se trata de una de las empresas mineras más importantes de la zona y esta cantidad de despidos podría incidir de manera importante en las cifras de desempleo regional. Al respecto, la seremi del Trabajo, Tarcila Piña, manifestó que les han recomendado que hagan todas las acciones correspondientes para poder hacer los cobros adeudados.

“Como autoridad del Trabajo en este momento vigilaremos el cumplimiento de la normativa laboral, porque si bien están en un procedimiento de insolvencia la normativa laboral debe cumplirse. A su vez daremos la facilidad para que los trabajadores tengan toda la información y tengan acceso a todo aquello que les permita estar informados, y en el caso de que se produjeran incumplimientos estaremos junto a la Dirección del Trabajo para fiscalizar y sancionar a la empresa”, enfatizó.

Fuente. Diario El Día/Daniela Guajardo

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