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Think tank Valor Minero propone reformas para viabilizar inversiones por US$ 50 mil millones

Medidas buscan evitar la judicialización:
Hay US$ 50 mil millones esperando a ser invertidos en Chile. Pueden concretarse en 12 proyectos mineros durante los próximos tres a cuatro años. Si se materializan, Chile podría producir ocho millones de toneladas métricas de cobre, casi el doble del nivel actual, en el futuro cercano. Y si no se hacen, el país bajaría a cuatro millones de toneladas, perdiendo de paso la oportunidad de dar un salto al desarrollo. ¿Qué hacer?

Cualquiera diría: háganlas. “El gran desafío es cómo materializar esas inversiones, y nosotros proponemos una innovación institucional que cree un sistema de diálogo permanente entre empresas, comunidades y Estado, vinculada a la gestión de grandes proyectos de inversión”, explica el ex ministro Álvaro García, presidente ejecutivo de la corporación público-privada Valor Minero.

Esta entidad fue concebida hace dos años como un think tank para dar el salto al desarrollo, pero sin renunciar al ADN minero del país. Con un directorio VIP -con el chairman de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, y el ex Presidente Ricardo Lagos, entre otros-, una de sus virtudes fue sentar en la misma mesa al sector empresarial, con autoridades, comunidades indígenas, ONGs y otros actores privados. Hoy es una corporación público-privada, la primera que además no solo integra a empresarios, sino que también a otros actores no públicos, como comunidades indígenas, sindicatos o ambientalistas.

La entidad ideó en conjunto con el Gobierno y el Poder Judicial un modelo para que esos US$ 50 mil millones se desembolsen en Chile, en minería, lo que implica hacerlo sin judicialización, sin excesivos atrasos y lo más importante, sin conflictos.

Dicho modelo, que se ha trabajado con distintas autoridades del Gobierno y el Poder Judicial, incluye cuatro áreas:

1 Crear una Oficina de Grandes Proyectos -símil a la que existe en Canadá-, dependiente del Ministerio de Economía, de manera de acelerar el trámite de las inversiones mediante una suerte de “ventanilla única”.

2 Establecer un sistema de diálogo permanente con las comunidades, inserto en el mecanismo de evaluación ambiental, de manera que se cuantifiquen los impactos negativos y positivos de un proyecto en lo social, económico y cultural, todos aspectos que hoy están en las calificaciones ambientales, pero de una manera subrepticia y poco clara.

En este ámbito, Valor Minero también propone que se fije un plazo para que las organizaciones, debidamente certificadas, decidan si participan o no de la evaluación de un proyecto y así, si se restan, no puedan reclamar posteriormente ni pedir compensaciones. “Con esto se da un golpe mortal a aquellas terceras personas, como muchos abogados, que han hecho de la judicialización una verdadera industria”, señala García.

3 Implementar un sistema de resolución de controversias y conflictos, en el que los actores -desde sindicatos hasta ONGs y juntas de vecinos- puedan concurrir a una mediación, arbitraje o conciliación, según sea el caso, y que esto sea válido judicialmente. El Poder Judicial ya está trabajando en ello.

4 Contar con una entidad certificadora que, por ejemplo, habilite a las organizaciones que participen en el diálogo para desarrollar un proyecto. Esto busca, detalla el ex ministro, “que no aparezcan organizaciones de la noche a la mañana, con poca legitimidad, sin representatividad, creadas solo para beneficiarse de un proyecto de inversión concreto”.

Pero también busca que las entidades certificadoras de los impactos, ya sea sociales, ambientales o económicas, estén reconocidas, registradas y auditadas por un ente externo.

La iniciativa no está en pañales. De hecho, la idea es testearla en tres planes piloto. Uno en la zona de Sierra Gorda, donde participan compañías mineras como BHP Billiton y Antofagasta Minerals, y se espera sumar al municipio y comunidades. El otro plan piloto se hará este año en una zona de impacto indígena, posiblemente el Alto Loa. Se trabaja en un tercer proyecto en el golfo de Arauco, vinculado a empresas energéticas.

Álvaro García prevé que el sistema entero estaría operativo y validado ya en 2017.
“Nuestro objetivo es hacer un cambio institucional que trascienda el ciclo político”.

Fuente: El Mercurio/Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero

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