El ministro de Minería dijo que la solicitud de quiebra es una decisión autónoma de la empresa San Esteban, subrayando que los trabajadores tienen los principales derechos sobre los activos de la compañía. ** Asesoría legal y ayuda para buscar reubicación comprometió el gobierno con todos los trabajadores de la compañía San Esteban, dueña de las minas San Antonio y San José, yacimiento en que permanecen atrapados 33 trabajadores bajo tierra. El ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló que “el Presidente nos ha instruido a proveer toda la ayuda necesaria para defender los derechos y las condiciones laborales de los otros trabajadores de la minera San Esteban”. Dijo que “hemos estado preocupados de los 33 trabajadores que están bajo la tierra, pero también estamos preocupados de los otros trabajadores que están hoy día con una situación de inestabilidad laboral”. El secretario de Estado manifestó que “dentro de las atribuciones que el Gobierno tiene, vamos a ayudar a defender sus derechos, proveyéndoles asesoría legal y alternativas de reubicación”, apuntando que “las decisiones de solicitud de quiebra son autónomas de las compañías y los tribunales determinarán las condiciones en que se quiebra y como se materializa”. Ante la declaración de los dueños de la minera sobre poner a disposición los bienes para pagar a los trabajadores y la decisión de iniciar el proceso de quiebra, Golborne dijo que en esa situación “todos los activos y pasivos de la compañía quedan en discusión para ser tratados por un síndico que determina con los activos de esa compañía como se puede responder a todos los deberes, en primer lugar a los trabajadores que son los principales acreedores que tienen los principales derechos sobre esos activos” No obstante ello, Jorge Aguilar Vinagre, abogado de Minera San Esteban, aclaró que no se solicitará la quiebra de la compañía minera. "No se solicita la quiebra, en absoluto, la idea es citar a una junta de acreedores para que elijan a alguien externo que evalué si la empresa es viable o no" afirmó el jurista tras conocerse el trámite iniciado el martes, indicando que "los acreedores, incluyendo los trabajadores, serán los encargados de elegir al experto facilitador" que debe analizar el estado financiero de la firma. "Por encargo expreso de los dueños se pide transparencia, la empresa se abre a que un tercero la analice y la decisión final la tome él y los acreedores", indicó. Cabe señalar que este martes ingresó al 17º Juzgado Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago un escrito a nombre de Alejandro Bohn Berenguer, uno de los dueños de la empresa junto a Marcelo Kemeny, para solicitar la conformación de la junta de accionistas, en lo que fue interpretado como el primer paso para una eventual declaración de quiebra, una posibilidad que otro abogado de la empresa, Hernán Tuane, ya había adelantado. Al contrario, Aguilar aclaró que la minera sólo ha pedido a la justicia que se evalúe si está en condiciones económicas para seguir operando. En esta se solicita que el profesional designado por la junta de acreedores, en un plazo de 30 días contados desde que se cite a la junta, entregue "un inventario de los bienes de la sociedad, estado de deudas, juicios pendientes y memoria de los negocios comprometidos".

 
Fuente: Chañarcillo